El pueblo originario más importante de Chile reclama sus tierras ancestrales y quiere proteger la naturaleza de las actividades de grandes madereras, eléctricas y agrícolas. El gobierno declaró el estado de excepción en cuatro provincias del centro-sur del país y envió 2000 soldados a combatir a grupos violentos, a los que atribuye una sucesión de ataques a maquinaria y predios agrícolas, incendios de camiones y tiroteos.
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